La adjudicación de un contrato que comprende más de mil millones de dólares, para proporcionar conectividad a centros comunitarios del sistema nacional e-México, concedida a Motorola, fue cancelado por la SCT porque la subsecretaria del ramo, Gabriela Hernández, trabajó para la empresa estadounidense como abogada corporativa, al igual que el director de Telecomm, Javier Lizárraga.

El proyecto de redes estatales comprende enlazar a más de seis mil centros comunitarios con más de 190 mil sitios de Internet, para lo cual la federación aportaría cuatro mil millones de pesos, el resto sería estatal.

Los estados que financiarían el proyecto sin apoyo federal son cinco: Baja California, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Yucatán. Pero trascendió a la prensa, que 19 estados del país no cuentan con presupuesto para el proyecto.

El motivo aparente para la cancelación del contrato -que es para beneficiar a la gente del campo en aspectos de educación, salud, capacitación y otras ayudas sociales-, es que parece ser que en el proceso de licitación se estima hubo tráfico de influencias o un conflicto de intereses por parte de la subsecretaria, Gabriela Hernández y el director de Telecomm, Javier Lizárraga, quienes fueron colaboradores en Motorola.

El problema de la cancelación del contrato a Motorola radica en que la instrumentación del programa y los tiempos de ejecución se retrasarán, así como la adquisición y puesta en marcha de dos satélites, asimismo, por ende, se afectará la conectividad del gobierno y privará a las comunidades de tecnología que necesitan para impulsar su desarrollo, porque se requiere volver a iniciar el proceso de concurso de licitación.

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